(extraído de analisis digital)
Redacción - 09/01/2008 En plena campaña preelectoral, el Gobierno y, con él, todos sus aliados de la izquierda radical, parecen haber puesto en marcha una gigantesca operación de afirmación ideológica, frente a lo que consideran una “ofensiva de los obispos” en favor de la familia cristiana y que ha traducido como ataque frontal al laicismo del Gobierno.
Redacción - 09/01/2008 En plena campaña preelectoral, el Gobierno y, con él, todos sus aliados de la izquierda radical, parecen haber puesto en marcha una gigantesca operación de afirmación ideológica, frente a lo que consideran una “ofensiva de los obispos” en favor de la familia cristiana y que ha traducido como ataque frontal al laicismo del Gobierno.
En este sentido, es obvio que el “frente radical-laicista” que ha arropado al Partido Socialista durante toda la legislatura, considera que la postura tradicional de la Iglesia en defensa de la vida, de la dignidad humana y del matrimonio natural –que no ha dejado de proclamar en toda ocasión propicia- puede producir una brecha en su electorado “católico” en beneficio de la actual oposición que mantiene posiciones más cercanas al humanismo cristiano. De esta manera, el PSOE no ha desaprovechado la ocasión para, dentro de su estrategia basada en el “Pacto del Tinell”, acusar al Partido Popular de ir contra las libertades democráticas...
Todo parte de la multitudinaria celebración del pasado 30 de diciembre en la que cientos de miles de familias cristianas acudieron a la Plaza de Colón de Madrid, en respuesta a la convocatoria hecha por la provincia eclesiástica de Madrid a la que se sumaron decenas de instituciones cívicas, para reafirmar públicamente sus valores y principios, radicalmente opuestos al laxismo moral de que ha hecho gala el Gobierno con la aprobación de algunas leyes que atacan de manera frontal los fundamentos de la familia cristiana.
Debate en el Congreso
En el contexto de esta campaña denigratoria de la Iglesia y de las familias cristianas, se inscribe la última reunión de la Diputación Permanente del Congreso antes de su disolución, que se celebrará mañana jueves y ante la cual comparecerá la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para informar de la situación actual de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Esta comparecencia se producirá tan sólo cuatro días antes de que se disuelva el Parlamento, y responde a la petición de Izquierda Unida y del PNV. Aunque los socialistas tenían votos para rechazar la petición, ya que el PP y CiU no la apoyaban, el PSOE confirmó a los grupos parlamentarios la presencia de la vicepresidenta y la fecha de la comparecencia, con lo que ya no hubo lugar a votar esa solicitud que permitió al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, exigir al Gobierno que diese una respuesta ante la "asonada clerical" contra las leyes democráticas españolas protagonizada por los obispos el pasado 30 de diciembre con el respaldo del Vaticano.
A juicio de Llamazares, el Ejecutivo debe explicar si va a llamar a consultas al embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, al que definió con cierta ironía como "embajador doble", y si piensa revisar los acuerdos con el Vaticano. Asimismo, se preguntó qué pasaría si se convocara en la Plaza de San Pedro una concentración de dirigentes políticos españoles "en pro del pluralismo moral y los matrimonios diversos" que incluyera una "conexión en directo" con Zapatero para exponer "las virtudes de las leyes españolas". "Seguramente estaríamos con el nuncio llamado a consultas", concluyó.
Acusan de “agitación subversiva” a la jerarquía
También Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), acusó a la jerarquía católica de haberse embarcado en una "cruzada" en el marco del "preámbulo electoral", todo ello con una "intención agitadora que tiende a ser subversiva": "A través de acciones en la calle y de agitación en el púlpito, tratan de poner en entredicho decisiones adoptadas legítimamente por el Parlamento", aseveró.Haciendo coro con los anteriores, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Joan Tardá, tachó de "vergonzosos" y "bochornosos" los discursos de la concentración del pasado 30 de diciembre, si bien aseguró que son sólo "la punta del iceberg" de la actual cúpula de la Iglesia, que tachó de "ultramontana". A su vez, Josu Erkoreka, del PNV, desde una perspectiva diferente, también respaldó la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno –que viene ocupándose de las relaciones Iglesia-Estado- al considerar que resulta positivo hacer balance de las relaciones entre ambos estamentos que, a su juicio debieran "dialogar" y "entenderse", sabiendo que no se deben imponer a todos las convicciones de una parte y que no vale escudarse en el respeto a la diversidad para negar el legítimo derecho a expresarse.Los nacionalistas catalanes, en cambio, no hicieron suya la comparecencia. Según su portavoz adjunto, Jordi Jané, este final de legislatura no es momento para este debate, si bien tampoco quiso profundizar en la cuestión habida cuenta de que la comparecencia ya está aceptada por el gobierno y tiene fecha de celebración.
