BARCELONA- La Guardia Civil detuvo ayer al director de las clínicas Ginemedex-TCB, el doctor Carlos Morín, a su esposa, María Luisa Durán, y a cuatro personas más, en una operación dirigida por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. El motivo, la supuesta práctica de abortos ilegales, que en algunos casos superaban los siete meses de gestación. La operación, sobre la que se dictó el secreto de sumario, continúa abierta, y no descarta nuevas detenciones, según informaron fuentes próximas a la investigación. A las nueve de la mañana comenzaron los registros judiciales y los arrestos en tres de las clínicas imputadas -TCB y Ginemex, dirigidas por Morin, y Emecé, por su esposa- y a la Fundación Morín, una organización privada sin ánimo de lucro que dirige el mismo doctor y que está orientada, según reza su página web, a la ayuda en inserción social y médica de los inmigrantes. Según la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la investigación criminal se inició por hechos considerados «graves», como la «práctica reiterada» de interrupciones del embarazo «radicalmente fuera» de los supuestos permitidos por ley. La denuncia llegó el pasado mes de enero por el grupo católico e-Cristians, que denunció al médico imputado por delitos de aborto y de asociación para delinquir. Los dos supuestos sobre los que se basa la denuncia son de diferente índole: la práctica de abortos sin que la salud de la madre esté en riesgo y la especialización por parte de las clínicas en abortos de alto riesgo, llegándose a superar hasta los siete meses de embarazo. «En consecuencia de estas prácticas ilegales se prueba la existencia una red de organización delictiva, que conllevaría más delitos conectados de tipo fiscal, laboral y de pagos realizados con dinero negro» explicó el presidente de e-Cristians y artífice de la querella, Josep Miró i Ardébol. Para Miró, existen elementos indicativos «evidentes» de una «red organizada que facilitaba el aborto de alto riesgo» ya que se han encontrado «datos de un importante flujo de personas de toda Europa que se dirigían a las clínicas de Morín para poner fin a su embarazo, pese a disponer en su país de origen de una legislación permisiva». Con antecedentes Antecedentes en esta materia contra Carlos Morín no faltan. En 1989 ingresó en prisión por abortos ilegales en una clínica de Alicante; en 2003 se publicó un artículo en la revista «Época» confirmando la práctica de abortos tardíos bajo su tutela y varios reportajes internacionales certifican el delito. El artículo 145 del Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud de la madre, malformaciones en el feto o embarazo por violación) será castigado con penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación médica de uno a seis.
Extraido de http://www.larazon.es/
