"Según ha podido saber La Nación, la Agencia Española de Protección de Datos ha decidido no sancionar a la Clínica Isadora, propiedad de la ex diputada de Izquierda Unida Marisa Castro, a pesar de que la Guardia Civil denunció la aparición de datos de carácter personal de pacientes entre restos de bebés abortados.
La misma institución acostumbrada a sancionar con severidad a empresas de marketing, publicidad, telecomunicaciones o banca por el’ grave’ crimen de enviar publicidad no deseada, decide ahora levantar la mano frente a un caso de singular gravedad.
Hace un año en una inspección realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a la Clínica Isadora, se encontraron en la basura documentos con datos de los pacientes. A raíz de este hecho escandaloso, la Agencia de Protección de Datos decidió abrir una investigación.
La resolución ha tardado más de un año en hacerse pública y ha sucedido lo que muchos temíamos: la Agencia ha decidido archivar la causa pese a reconocer que “el hecho de que aparecieran documentos en los contenedores con residuos clínicos se debe a un error en el personal auxiliar de la Clínica”.Un simple error en la custodia de los datos personales dentro de una empresa de cualquier tipo puede implicar una multa de hasta 600.000 euros, una sanción difícil de evitar, aunque la empresa haya puesto todos los medios a su alcance para proteger los datos de carácter personal que maneja.
Equivocarse con datos de pacientes de una clínica abortista no merece la atención de la Agencia que, tras una investigación de un año, ha llegado a la conclusión de que la Clínica Isadora no merece ser castigada. Para ello, argumenta que los papeles y datos personales hallados por las fuerzas de seguridad del Estado se encontraban en contenedores cerrados con previsión de ser incinerados.
No importa si con ello hace creer que la Guardia Civil se dedica a denunciar circunstancias falsas. Flaco favor para un cuerpo que, en un Estado de Derecho como el nuestro, trata de velar por la seguridad de los ciudadanos, ¿o no? Queda abierta la puerta a las especulaciones.
Cuando se trata de temas que van más allá de sancionar a una empresa, la Agencia no se moja. Sabe muy bien que un asunto de este tipo podría ponerles en una situación delicada y más difícil de vender de cara a la prensa más progresista, pero no le tiembla el pulso al sancionar a los malvados empresarios que, dentro de una economía de libre mercado, tratan de meternos sus productos por los ojos utilizando nuestros datos para comunicarnos, por ejemplo, una nueva promoción.
