Desde hace tiempo, Pio Moa viene haciendo campaña contra las tropelías del gobierno en aplicación de la memoria histórica, que viendo cómo se traduce, podría calificarse de Damnatio Memoriae o lo que es lo mismo: hacer desaparecer de la Historia a una persona o un periodo determinado o ambas cosas a la vez. El caso de la retirada del escudo de los Reyes Católicos confundido por uno franquista, además de ridículo, penoso y patético, que manifiesta la incultura de quienes nos gobiernan; es una clara muestra que dicha ley se encamina a la condena de la memoria y a recuperar los odios que dieron lugar a la guerra civil que a otra cosa.
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Qué hacer con respecto al Valle de los Caídos en su blog en Libertad Digital
a) Ayer oí al hijo de Juan de Ávalos decir que si la demolición del monumento fuera decidida por las Cortes, habría que aceptarla. Esto revela una concepción muy extendida, pero absolutamente errónea, de la democracia. Es como decir que habría que aceptar el inmenso expolio y destrucción del Patrimonio histórico y artístico durante la guerra civil porque lo había decidido un "gobierno legítimo". Aun si el gobierno fuera legítimo en su origen, se deslegitimaría por completo en caso de adoptar tales medidas. El actual está deslegitimado por su colaboración con el terrorismo y las dictaduras tercermundistas, por su legislación contra la vida humana, por sus ataques a la independencia judicial y por su corrupción.
b) La actitud del gobierno y del PP en relación con el Valle de los Caídos, espléndida obra de arte y oferta de reconciliación no aceptada por los antidemócratas, simboliza perfectamente el espíritu de la ley totalitaria de memoria histórica, una ley contraria a la libertad, la verdad y la democracia. Es tan ilegítima como las fuerzas políticas que la han producido.
c) Ante estos desmanes de una casta política indigna y mafiosa, debe contestarse con una triple acción en sentido informativo, judicial e internacional. Abogo por alguna asociación o plataforma con división del trabajo para realizar estas funciones
d) Por lo que se refiere a la información, el manifiesto aquí expuesto condensa lo esencial de ella, sin perjuicio de que cada punto, u otros, sean ampliados. El libro de Juan Blanco es otro instrumento de información muy importante. Pero nada de esto tendría valor si cada cual no hace cuanto esté en su mano por difundirlo. Contrarrestar el potente aparato de la mentira exige un gran esfuerzo de todos, y no perder el tiempo en quejas inútiles o lloriqueos.
1.- El Valle de los Caídos es uno de los monumentos más grandiosos, armónicos e integrados en el entorno edificados en el siglo XX en todo el mundo, y como tal uno de los más visitados. Construido sin coste para la Hacienda pública, por medio de donativos y loterías especiales.
2.- El monumento, alzado en recuerdo de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil, pasó pronto a tomar carácter de reconciliación, al enterrarse en él restos de soldados de ambos bandos, algo muy poco usual entre los vencedores de una guerra. La reconciliación no parece haber sido aceptada por algunos círculos ni por el actual Gobierno, que viene hostigando a los monjes encargados de cuidar el lugar, privándoles de ingresos y cerrando con falsos pretextos el acceso a parte del monumento. Se ha hablado de anular su carácter religioso, de transformarlo en museo de la llamada "memoria histórica", y no han faltado incitaciones a volarlo.
3.- Como justificación de su actitud, el Gobierno y asociaciones financiadas con dinero público han divulgado que el Valle de los Caídos fue construido por 20.000 presos políticos en régimen de esclavitud, pésimas condiciones y elevada mortandad. Estos datos, como tantos de la "memoria histórica", chocan con la documentación hoy conocida. Esta documentación prueba que la mayoría de los obreros del Valle fueron libres; los reclusos --comunes e izquierdistas acusados de delitos-- trabajaron durante seis de los dieciocho años de la construcción, un máximo de 700 en algún momento y sin llegar a 2.500 en total; eran voluntarios, pues redimían hasta seis días de condena por día trabajado; cobraban sueldo normal y con vigilancia escasa; entre libres y presos hubo 14 accidentes mortales, número considerado bajo para una obra de tal envergadura. Tampoco está probado el que Franco quisiera ser enterrado allí, una decisión tomada por el rey Juan Carlos.
4.- Los españoles tienen derecho a conocer las pruebas en que se basan las versiones del Gobierno y sus afines, y estos el deber de ofrecerlas. De otro modo deberíamos concluir que la opinión pública sufre un nuevo y lamentable episodio del "Himalaya de mentiras", como definió el socialista moderado Besteiro o el liberal Marañón unas propagandas generadoras de odios que todos creíamos superados.
5.- Aun en el muy improbable caso de que tales pruebas existiesen, nunca justificarían unas actitudes que entrarían en una tradición desastrosa de destrucciones y saqueos de arte y bienes del Patrimonio Histórico Nacional como los ocurridos en la Guerra Civil. Por todo ello, los historiadores firmantes nos consideramos obligados a denunciar una situación que revive divisiones del pasado y que ningún país civilizado puede tolerar.
