Amenazan con violarla y matarla y a los 15 días vuelven a coincidir en el trabajo
12/01/2010 .
La profesora de un instituto de Toledo sufrió el pasado mes de noviembre unas brutales amenazas de violación y muerte por parte de cuatro alumnos matriculados en uno de los ciclos de Formación Profesional. Según una carta distribuida por la profesora entre sus compañeros y a la que ha tenido acceso este diario, el equipo directivo del centro sancionó a los alumnos con 15 días de expulsión mientras solicitaba a la Delegación Provincial de Educación el cambio de centro escolar de dichos alumnos.
Sin embargo, parece que la Delegación ha pasado de sus reqerimientos ya que una vez reanudado el curso tras el paréntesis escolar de las Navidades, el 7 de enero la profesora amenazada se llevó la desagradable sorpresa de tener que volver a dar clase con ellos.
Al parecer el criterio general de la Delegación de Educación es no cambiar de centro a los alumnos en estos casos ya que a su entender se dificultaría su derecho a la educación. Ante estas circunstancias, y tal como consta en la carta mencionada, la profesora se pregunta dónde quedan los derechos a la educación de aquellos alumnos que van al centro a estudiar y no a amenazar y su propio derecho a la dignidad. "¿Cómo se espera que una persona pueda cumplir con sus funciones cuando está amenazada su vida y su integridad sexual, cuando los actores han sido denunciados y se están practicando las primeras actuaciones por la fiscalía de menores?", dice la víctima de las amenazas, que sufre insomnio, miedo, inseguridad y se siente "profundamente herida", por lo que ha pedido ayuda y solidaridad a sus compañeros entendiendo, sobre todo, que mañana le puede tocar a cualquiera de ellos.
Tanto la agredida como otros muchos profesores consideran inaceptable y peligroso que la sanción se limite a quince días de expulsión del centro, la misma que se impone cuando se acumulan tres partes consecutivos por falta de asistencia injustificada. Además entienden que la actuación de la Administración pública en estos casos no les fortalece en su condición de docentes.
Por el momento, y ante la imposibilidad "legal" de que los alumnos sean expulsados de forma definitiva, que es lo que piden algunos profesores, lo único que quieren conseguir ahora es que cambien de centro a los cuatro alumnos y para ello intentan recabar adhesiones que modifiquen el criterio de las autoridades educativas de la región.
Fuentes del profesorado consultadas por este diario lamentan que este tipo de hechos sean cada vez más habituales y creen que ello se debe a la laxitud de la administración a la hora de tomar medidas contra las amenazas y otras formas de violencia en las aulas. El caso de esta profesora no es aislado y creen que si se reproduce con alguna frecuencia es porque los alumnos saben que prácticamente no van a ser castigados
