Si se entiende a un país bananero como a todo aquel país pobre, con un sistema político inestable, con instituciones débiles e inexistentes, con un electorado mediocre, cuyos gobiernos se caracterizan por tener a la cabeza un líder de facto (o un dictador encubierto bajo el nombre de "Presidente"), podemos considerar tranquilamente a la República Argentina dentro de la mencionada categoría. Vale aclarar, de República nos queda poco y nada.
A la profunda, larga y triste decadencia institucional de la Argentina se le ha sumado, como si fuera poco, un gobierno de severos tintes dictatoriales, que luego de obtener un triunfo aplastante en las últimas elecciones ha dejado al descubierto sus intenciones de modificar la sagrada (y pisoteada) Constitución Nacional a fin de eternizarse en el poder.
En su momento fue difícil pensar que esto podía suceder, y cuando digo "en su momento", me refiero al momento en que por lo menos quien escribe, pensaba que este pobre país tenía una sociedad pensante y que además el marco jurídico e institucional no permitirían semejante retroceso en una democracia que tanta sangre nos costó conseguir.
Para los que todavía soñamos con un país serio, hay dos problemas. Para los sátrapas que quieren eternizarse en el poder y hacer de la cosa pública un negocio y una fuente de poder sin límites, estos dos problemas no son problemas, sino dos grandes ventajas que les pavimenta el camino a la dictadura. Me refiero a la mediocre, ignorante y poco pensante sociedad en la que vivimos y además, al frágil e inexistente orden jurídico institucional.
Con respecto a lo primero, es una sociedad que poco le ha importado los atropellos a la propiedad privada como las confiscatorias retenciones al campo, la estatización de la ANSES, de Aerolíneas Argentinas y de otros impuestos que matan la rentabilidad. Hace oídos sordos a los graves y escandalosos hechos de corrupción, ni tampoco se ha preocupado mucho por los atropellos institucionales a fin de acumular poder excesivo, tal como la ley de superpoderes que otorga facultades excepcionales al poder ejecutivo y que le permite manejar el presupuesto a discreción. Es muy difícil nombrar todos los hechos de corrupción e ilícitos de este gobierno, el punto es que nos encontramos en una sociedad totalmente impávida, que mientras se encuentre económicamente bien lo demás poco le importa.
En cuanto a lo segundo, muchas veces la ley toma partido por la expoliación legal. Es decir, es modificada por el delincuente de turno a fin de poder llevar a cabo sus fechorías con el respaldo de la ley. Valga la redundancia, no es otra cosa que la legalización de la ilegalidad, una práctica muy común entre los déspostas y socialistas del siglo XXI que con el argumento de llevar a cabo sus revoluciones y salvar al pueblo de la opresión imperialista, pretenden eternizarse en el poder para continuar sus negociados y ser amos y señores de sus feudos. Ya lo decía Federico Bastiat en su obra "La Ley": "La ley, a veces defiende y participa en la expoliación. A veces la lleva a cabo por su propia mano a fin de ahorrarle al beneficiario la vergüenza, el peligro y el escrúpulo. A veces pone todo aquel aparato de magistratura, policía, gendarmería y prisión, al servicio del expoliador, tratando como criminal al expoliado que se defiende. En una palabra: existe la expoliación legal." Más claro imposible.
Las reelecciones indefinidas constituirían no sólo un retroceso muy grande en la poca democracia que nos queda sino también un mal precedente, puesto que el resto de la dirigencia política deja bastante que desear. Están muy lejos de ser los líderes y estadistas que necesita nuestro país para ser refundado y encaminado a ser lo que alguna vez fue, por ende, no sería de extrañar que lo actualmente se le llama "oposición" saque ventaja de tal situación en lugar de enderezar el rumbo nuevamente.
No va a ser fácil evitarlo por la pasividad y el desinterés que mantiene la sociedad cada vez que le economía marcha bien. A dónde iremos a parar...
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