Este es uno de los 7 artículos escritos por Alberto Recarte para Libertad Digital que conforman el ensayo titulado La nueva España sobre la inmigración en España, analizando todos sus aspectos positivos y negativos.
En los párrafos que siguen, en otras siete secciones diferentes, he procurado sistematizar los aspectos negativos de una inmigración del tamaño e imprevisibilidad como la que nos afecta.
Dentro de lo que cabe, lo más sencillo es explicar el aumento del gasto público, que distorsiona las cuentas de las autonomías y corporaciones locales, y lo más difícil acertar con el grado de importancia de los otros fenómenos que, en el caso español, están acompañando a este proceso, como la presencia de mafias, que intervienen ya en la propia organización de la inmigración, y su posible efecto corruptor en un sistema político no preparado, ni legal ni prácticamente, para enfrentarse a ese tipo de problemas.
En estos últimos meses, por otra parte, estamos asistiendo a un nuevo fenómeno, la llegada a Canarias de miles de subsaharianos, atraídos por la política de "papeles para todos" de este gobierno. Hasta ahora, y a pesar de su dramatismo y espectacularidad, las pateras y los cayucos eran desde un punto de vista cuantitativo anécdotas en un mar de inmigrantes. Están dejando de serlo y son ya un problema de magnitud equivalente al que tuvo que enfrentarse Estados Unidos con la llegada de todo tipo de embarcaciones procedentes de todo el Caribe, y que les obligó a modificar las leyes de acogida. Un cambio político que el actual gobierno, populista y demagogo, no se atreverá a afrontar.
El aumento del gasto público
Donde se produce un aumento inmediato del gasto por la presencia de inmigrantes es en la educación. En conjunto, según el Ministerio de Educación, hay al menos 460.000 alumnos de padres inmigrantes matriculados en primaria y secundaria en toda España. El coste medio por alumno para la administración correspondiente, en este caso la autonómica, fluctúa entre los 2.600 y los 3.600 euros anuales por alumno, por lo que el total puede ascender a 1.360 millones de euros anuales. Un gasto que recae totalmente sobre las autonomías, mientras los ingresos fundamentales derivados del trabajo y legalización de inmigrantes los recibe la administración central (cotizaciones a la seguridad social e IVA, como hemos visto en el apartado anterior). Un gasto que la administración central no está compensando a las autonomías.
El gasto en sanidad también es relevante con una población extranjera residente. Con un número de altas del entorno de las 3.700.000 personas, según el padrón municipal, y un coste por persona y año de 1.000 euros aproximadamente (una cifra probablemente más alta, aunque ése sea el gasto medio), los gastos sanitarios totales de la población inmigrante que paga la administración autonómica alcanzan, al menos, los 3.700 millones de euros. Y también en esta ocasión lo soportan las autonomías, con una compensación mínima por parte de la administración central.
El coste derivado de las prestaciones y subsidios de desempleo ascenderá en 2006, probablemente, a 770 millones de euros y su tendencia es a crecer a ritmos superiores al 20% anual. Téngase en cuanta que la tasa de desempleo de los inmigrantes es superior a la de los españoles y que está aumentando.
No hay, por ahora, gasto por pensiones contributivas, porque lo reciente del fenómeno implica que prácticamente ningún inmigrante ha cotizado un número de años suficientes para generar derecho a pensión. Por eso la situación financiera de la seguridad social es tan positiva. Recibe cotizaciones sociales y no paga nada a los inmigrantes. Los gastos educativos, sanitarios, por desempleo y otras eventualidades no corren a cargo de la seguridad social.
El total, por tanto, directamente cuantificable, del incremento de gastopúblico provocado por los inmigrantes, asciende a un mínimo de 6.000 millones de euros.
El aumento del gasto público no cuantificable
El incremento de población que suponen los inmigrantes está obligando a hacer inversiones extraordinarias en todo tipo de infraestructuras: carreteras, conducciones de agua, urbanización de nuevos centros de población, construcción de colegios, hospitales y centros de salud, de comisarías, juzgados y prisiones. Las necesidades de una población de 44 millones de personas obligan a invertir masivamente en todo tipo de infraestructuras. ¿Cuánto supone esa nueva inversión? No dispongo de ningún dato solvente que pueda aproximar la cifra.
Al margen de las infraestructuras, los gastos anuales derivados de las mayores necesidades en salarios y otros gastos consuntivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, juzgados y prisiones es relevante, aunque difícil de calcular. Por más que, por ejemplo, cerca del 40% de todos los presos que cumplen condena en cárceles españolas (en total, alrededor de 80.000 personas) sean extranjeros.
Otro dato relevante es el gasto en el que incurren los ayuntamientos, con presencia significativa de inmigrantes, por la prestación de todo tipo de servicios sociales y por ayuda para la vivienda de los menos favorecidos que, en muchas ocasiones, también son inmigrantes.
El crecimiento de la economía sumergida
He señalado anteriormente que la presencia de inmigrantes en la mano de obra introduce flexibilidad en la economía española. Pero también es cierto que la continua presencia de cientos de miles de ilegales, animados por los sucesivos procesos de regularización del PP y del PSOE (el último, el más escandaloso, el correspondiente a 2005, que ha supuesto un sonoro efecto llamada), obliga a operar a trabajadores y empresas con dinero negro en muchas ocasiones.
El dinero negro distorsiona el cálculo económico y significa competencia desleal para todos los que cumplen estrictamente con la legislación. Es difícil valorar cuánto de la economía sumergida está provocada por los inmigrantes ilegales y sus empleadores y cuánto por el comercio de drogas, la multiplicación de robos y hurtos y por los todavía muy altos impuestos. Tenemos datos que indican que es un fenómeno importante y descontrolado; uno de ellos es la enorme cantidad de billetes de 500 euros en circulación en España, una acumulación que ha llamado la atención al propio Banco Central Europeo.
La inseguridad pública
Bastaría con que el 1% de los inmigrantes fueran delincuentes para que tuviéramos un problema de orden público de gran magnitud. Problema que sí tenemos. Un 1% de 4.000.000 personas son 40.000 personas. En la cárcel hay más de 30.000 extranjeros y son muchos miles más los delincuentes que están en búsqueda y captura, en libertad condicional o en libertad sin cargos, pero delinquiendo.
Los problemas de orden público se pueden convertir en irresolubles si los delincuentes operan a través de mafias, lo que parece está ocurriendo en España. Por la experiencia de otros países, las mafias pueden acabar con cualquier estado de derecho o en transición a una posible democracia; lo hemos visto en Italia, en Rusia y en toda Latinoamérica. Y es evidente que no tenemos ni leyes, ni jueces, dispuestos a luchar contra ese fenómeno. El problema de las mafias es que corrompen a las distintas administraciones públicas y los organismos que las integran.
Es verdad que es más llamativo el problema de asesinatos, robos, con violencia y sin ella, y hurtos, pero el problema es más grave si esa violencia se ejerce a través de mafias, que con enormes cantidades de dinero a su disposición influyen sobre grupos de funcionarios, policías, jueces y políticos. Sin minimizar el coste económico de tener que protegerse contra la violencia. Muchos de los puestos de trabajo que se están creando son absolutamente improductivos, y no me refiero sólo al conjunto de funcionarios ocupados para protegernos a todos, nacionales e inmigrantes honrados, sino a los gastos en seguridad personal y las inversiones en incrementar esa seguridad.
Otro apartado diferente, y que también genera gasto público, que es lo que estamos analizando en esta ocasión, es el de la denominada "violencia de género". Si más de la tercera parte de todas las mujeres asesinadas son inmigrantes, es evidente que se trata de un fenómeno importado con la inmigración, que se suma a la violencia existente en nuestra sociedad antes de la llegada de inmigrantes.
Los costes económicos, sociales y políticos derivados de una población que no se integra
En la experiencia europea, con inmigraciones consolidadas desde hace 40 años, como ocurre en el caso de Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda y países nórdicos, la religión musulmana, en su interpretación más integrista, impide la convivencia a largo plazo y la integración con la población autóctona de las personas con esa religión. El coste de la no integración puede ser brutal, no ya por la violencia terrorista de los radicales islámicos, sino por las inversiones, gastos y reorganización de la vida social a que obliga el fenómeno terrorista. En España, tenemos la experiencia de cómo ETA ha influido y condicionado el desarrollo de muchas instituciones sociales y políticas. Las elevadísimas cifras de radicales islamistas entre la población musulmana, que hemos cifrado en torno a las 800.000 personas, multiplica la gravedad del fenómeno.
En países como Francia la radicalización y el enquistamiento social y político de una enorme masa de inmigrantes se ha traducido en xenofobia, la constitución de partidos de ultraderecha y la desaparición del estado de derecho en las zonas donde se asientan los inmigrantes radicales.
La explotación fraudulenta del estado del bienestar
Nuestro sistema de protección social, denominado vulgarmente estado de bienestar, sin ser tan extremo en sus ayudas como los de los países de la Europa continental desarrollada, está pensado para una población determinada, la española, de escaso crecimiento demográfico y con una población activa relativamente reducida.
La llegada masiva de inmigrantes y su incorporación al mercado de trabajo supone ingresos por cotizaciones sociales para la seguridad social y compromisos a muy largo plazo en pensiones. Los posibles problemas son los derivados de la absoluta gratuidad de la educación y sanidad y el acceso generoso a las prestaciones y subsidios de desempleo y a todo tipo de pensiones no contributivas. En caso de una crisis que afectara con especial virulencia al sector de la construcción, por ejemplo, los pagos por desempleo podrían dispararse. Esta es la experiencia, por otra parte, de los países europeos más desarrollados. Sus legislaciones tampoco previeron la integración masiva de inmigrantes. Por presiones políticas y sindicales han sido incapaces de adaptar su legislación a esa nueva realidad y han terminado por tener un problema financiero de primer orden en sus respectivos sistemas de seguridad social.
El crecimiento de la población no productiva de origen inmigrante
Ya hemos visto en los datos sobre inmigración que la tasa de actividad de los inmigrantes no europeos es altísima, en torno al 70%. Esa situación puede cambiar en cuanto el fenómeno del reagrupamiento familiar se extienda. Lo lógico es que, si el país de origen es un estado fallido, el cabeza de familia reclame a toda su familia. No sabemos de qué magnitudes estamos hablando. Posiblemente de millones de personas. Directamente no productivas, que tendrán que vivir con los bajos salarios que, en general, logran los inmigrante y a los que habrá que ayudar, de acuerdo con nuestra legislación, con todo tipo de transferencias sociales.
Que yo sepa nadie ha podido calcular ni las posibles personas implicadas ni el coste adicional para las administraciones públicas de integrar a esas familias reconstruidas.
