“La sentencia del TC demuestra que es un tribunal político y que se extralimitó en sus funciones con Bildu porque realizó “una suerte de súper-casación”, que no le corresponde” (Diario Liberal, 10.05.2011)
El Tribunal Constitucional se ha convertido en una suerte de tribunal de apelación, en el que se vuelven a evaluar todas las pruebas aportadas y valoradas con anterioridad por otros tribunales, particularmente por el Tribunal Supremo en el caso de Bildu. Y esa evidentemente no es su función. Su cometido es simplemente decir si la sentencia se ajusta a la Constitución o no. Eso es lo que han venido a decir, entre otras cosas, los cincos miembros del TC que discrepan de la decisión tomada por los otros seis.
A lo que cabe añadir que tomar una decisión de ese calibre tal solo por un voto de diferencia es verdaderamente increíble. Las verdades constitucionales deberían serlo de forma tan evidente que prácticamente todos (o todos, sin el prácticamente) votaran en el mismo sentido.
Y además hay que dejar bien claro que la sentencia ha sido una sentencia totalmente política y para nada jurídica, como se puede concluir leyendo el resumen de los votos particulares.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre Bildu supone un auténtico escándalo, se mire por donde se mire. Es más, me atrevo a decir que es una sentencia prevaricadora, porque los miembros del TC que han aprobado que Bildu se presente a las elecciones saben de sobra que hay vínculos demostrados entre dicha coalición y ETA. Pero claro, los miembros del TC no rinden cuentas ante nadie. Bueno, sí. Ante quien les nombró para ese cargo.
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